RENTRÉE

José Francisco Luz Gomez de Travecedo

Bien. Regreso a la reflexión una vez acabadas las labores propias de la declaración de ingresos, aún bajo los efectos del mazazo fiscal, aturdido por la lectura reiterada de textos escritos en una jerga ininteligible: ¿será esto español? Me preguntaba espoleado por estos mismos hechos, viendo como se dilapida el fruto de nuestro esfuerzo, conocedor de que nuestros mandatarios, vulgo políticos, no cotizan por dietas: o sea, en el caso de diputados y senadores, según vivan o no en Madrid, no tributan por entre el 21 y el 36% de su salario público, un acto provocador y profundamente inmoral, ilegítimo, aunque lícito al ser permitido por la ley del IRPF. Son las ventajas de disponer de la máquina de hacer leyes. ¿Se imaginan lo que sería de sus vidas si careciendo de escrúpulos morales dispusieran de la máquina de hacer dinero, lo imaginan?

Yo imagino que en todo esto subyace la idea de que ni el espacio ni el dinero ni los derechos son propios sino públicos y, en consecuencia, será el poder político el que dictamine que espacio vital precisa un individuo y que tanto de su renta le corresponde y cuáles son sus derechos.

Respecto del espacio, ¿recuerdan las soluciones habitacionales de la ministra Antonia Trujillo? Consideraba esta que 25 metros cuadrados era el mínimo suficiente. ¿Cómo se atrevió, en qué estudios de antropología se basó, a qué zoólogo experto en cuestiones humanas consultó, qué textos de piscología y psiquiatría leyó? ¿Para qué, cuenta algo el animal humano? Lo dicta el poder político y a callar: que no ha de ser la jaula para el hombre sino éste para la jaula. Respecto del  dinero, el mero hecho de que los Estados no fijen el límite recaudatorio expresa a las claras su desprecio por la propiedad privada. En efecto, si nada es del ciudadano, si la propiedad esta condicionada al interés general, si ella misma es regalo que se nos hace, ¿tiene sentido acotar la acción recaudatoria?

Vivimos tiempos de gran confusión política y a rio revuelto ganancia de pescadores. Es preciso que los ciudadanos entiendan que el Estado es el marco legal a su servicio, el terreno de juego limpio habilitado para que cada cual logra su excelencia personal según su propio criterio. El Estado moderno en tanto que ente de razón brotó de sesudos individuos que supieron acoplar la reflexión acerca del hombre y sus necesidades a los hechos históricos. Como decía Hobbes en estado de naturaleza la vida del hombre es solitaria y pobre, sucia, violenta y corta y exigía, pues, un Estado civilizado que acabara con esta situación. Un Estado necesariamente poderoso y temible: un Leviatán, un monstruo marino cuya sola mención aterraba y al que, necesariamente, había que refrenar con las bridas de los derechos humanos.

Los derechos humanos son las redlines que ningún gobierno puede traspasar salvo adoptando una actitud tiránica impropia de un Estado moderno y democrático. El gobierno que así actúa se hace reo de conculcar los derechos humanos quedando el pueblo soberano liberado del deber de acatamiento. Son los derechos humanos los que impiden que el rodillo de las mayorías, magistralmente manejado por unos pocos, los que influyen en la opinión publica, lamine los intereses de las minorías. Impiden pues la manipulación. Impiden, pues, la oclocracia, es decir el gobierno de la plebe. Deberé recordar ahora que entre los tan defendidos derechos humanos figura el de seguridad, vida y libertad, el de no ser sometido a esclavitud ni servidumbre y el de propiedad (artículos 3, 4 y 17 de la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948). Son inalienables, no pueden ser enajenados porque son inherentes a la condición humana. No son otorgados porque son previos, pues, a cualquier acuerdo general. En consecuencia, no fijar por pacto los límites de la sangría tributaria, como arriba decimos, supone el desprecio más absoluto al derecho de propiedad. Es más, comporta eludir cualquier consideración acerca del estado de libertad del hombre que bien puede ser explotado y sometido a servidumbre si el Estado lo pide por boca de sus acólitos. La actitud misma de ciertos líderes periféricos del Estado español es contraria, y por tanto inadmisible, a los artículos 9 y 15 de la susodicha declaración que impiden el destierro y la privación de la nacionalidad. A esto nos opondremos siempre porque esta en juego nuestra dignidad humana. Nos negamos a ser pécoras llevadas de un redil a otro. En absoluto. También a trabajar para un  Estado que sea un muñeco de guiñol al que otros dan vida en provecho propio y contra nuestro interés que, en lo político, será siempre la defensa a ultranza de nuestros derechos. Este fue el pacto y la razón de ser del Estado de derecho de Mohl.

El concepto interés general, como todo interés, se interpone entre los hombre. Puede unir, pero también separar, disgregar. Los derechos unen siempre, pero los intereses, y sobre todo el interés general,  ponen en tensión a la sociedad y comportan la necesidad de enormes despliegues de las fuerzas del orden. Una sociedad tensionada, crispada por la imposición del interés general, patrio, que no respeta los derechos humanos y del ciudadano termina explotando y es cobijo de neuróticos reprimidos. Es todo lo contrario de la sociedad libre que, con Hayek, propugnamos. Una sociedad, sana, que brota de la libre interactuación de los ciudadanos sin plan social alguno preestablecido. Es imposible tener un concepto teleológico de la sociedad más allá de lo funcional: sabemos por introspección que nos gusta la comodidad, sentirnos, todos, cómodos en el espacio en el que nos movemos y esto comporta ausencia total de represión, una sociedad de derechos pues. Lo contrario, permitir la imposición del interés general más allá de la redlines, atropellando los derechos de los demás, es propiciar la oclocracia, cuando predomina la plebe, y aún la oligarquía, cuando predominan los grupos de presión de los que siempre emergen consignas sectarias camufladas de demandas de interés general. Por el interés general, patrio, antes se llevaban a los hijos al frente y ahora nuestros euros al Tesoro Público.  

Por represión ha de entenderse toda acción coactiva más allá de la necesaria para lograr el pleno disfrute de los derechos humanos, para conseguir, en el terreno económico, la libertad de mercado que será siempre incompatible con la existencia de grupos económicos, cárteles, que proporcionando bienes imprescindibles: alimentación, vivienda, energía, buscan la extorsión del consumidor obligándoles a abonar precios excesivos. Me opongo pues al mal entendido liberalismo económico que no es otra cosa, en los casos relatados, que tiranía económica que burla la ley de oferta/demanda. Reclamo pues reguladores objetivos del mercado al servicio del ciudadano, en absoluto políticos.

La dinámica política no ha de ser tanto la imposición de intereses, aún respetando los derechos del hombre, como la cooperación que resulta inevitable a la hora de resolver los múltiples problemas que perturban la marcha social. Marcha social, que como digo, no sabemos porque caminos se hará aunque si, creo, que como los ríos, tras múltiples estancamientos, cambios de sentido, avances y retrocesos nos irá llevando inevitablemente a escenarios de menor confrontación, de mayor distensión y acomodo.

Algunos, por el contra, signados sin duda por los dioses, iluminados, atisban escenarios concretos, monacales, a donde nos conduce una ley inexorable de evolución social. ¿Y aunque así fuera qué? También la caída de los objetos obedece a la ley de gravitación universal de Newton y no por ello vamos a permitir que la manzana nos caiga en la cabeza. No podemos cambiar las leyes naturales, pero sí protegernos de ellas.

Y si la pretendida ley evolutiva de la sociedad nos llevara a la granja de Orwell nos mantendríamos al menos bien alejados de los cerdos.