A VUELTAS CON LA LEY DE OKUN

José Francisco Luz Gómez de Travecedo.

Como dije anteriormente, o se crece por encima de 2,8% o se destruye empleo (F. Becker, Estudio sobre la ley de Okun en España, 1981-2009). Por esto, de ser cierto lo del crecimiento que anuncia el gobierno, muy inferior a ese 2,8%, y de ser cierto también lo de que se crean puestos laborales, el trabajo creado es de muy escasa productividad. Estaríamos regresando al PIB inicial, previo a la crisis, por un camino distinto; por el camino que conduce a una nueva estructura socioeconómica de corte tercermundista por lo que hace a lo social (una desaparición de la clase media y el afloramiento de una sociedad de ricos y pobres) y de servicios por lo que hace a lo económico. Naturalmente, esto es una caricatura de lo que sucederá, pero se asemejará mucho a lo real. 

Por otra parte, ¿hay motivo alguno para creer al gobierno cuando ofrece datos económicos? Por ejemplo, cuando habla del PIB, ¡ah, el PIB siempre el PIB!, lo presenta prácticamente estable, lo cual resulta muy difícil de creer dado el continuo aumento de la tasa de paro. Es más, desde el año 2008 el PIB español se mantiene prácticamente invariado según el gobierno, pero resulta increíble  dado el aumento continuo de la cifra de parados.

Por otra parte, ¿por qué esa obstinación política en presentar unicamente al PIB como  exponente de la solvencia económica de un país cuando se sabe que es una magnitud habitualmente manipulada? ¿Por qué no hablar al tiempo del consumo de electricidad que guarda relación estrecha y directa con el PIB?

Pues porque silenciando este dato, y otros (producción industrial, consumo, capacidad de ahorro, etc.), el gobierno puede hablar de un crecimiento del PIB en el último año del 1,3% que no se corresponde con un decremento del consumo eléctrico del 0,2% en dicho tiempo ni con las previsiones para España del FMI para el periodo 2014-2018.

Según  Eurostat (manejando datos aportados por los Estados), en Grecia, entre los años 2007 y 2012, ambos inclusive, el paro aumento hasta el 24,3% con una caída del PIB del 20,1%. En ese mismo periodo, en España, ¡oh, maravilla!, el paro creció hasta el 25% y, sin embargo, el PIB solo menguó el 3,6% quebrando la ley de Okun. O sea, el descenso de la población activa no afecta al PIB, salvo que ahora seamos un país de economía enormemente productiva. ¡Inaudito! Naturalmente, tal estabilidad del PIB conviene al gobierno que puede alardear de una deuda pública razonable y de una presión fiscal perfectamente aceptable con margen de maniobra incluso. Por eso, porque su veracidad es dudosa, una vez más lo repito, dejen los políticos hablar a los técnicos que nos podrán explicar, si pueden, por qué en España la ley de Okun no se cumple y relatar las consecuencias sobre el modelo social de este hecho. Dicho de otro modo, deberán explicar por qué la medición oficial del PIB no refleja el estado real de la actividad económica española.

La política española vive momentos lamentables. Perdió paulatinamente, si es que fue decente en algún momento, su sentido, su justificación, que no puede ser otro que el de actuar como valedora del pueblo soberano dispuesta siempre a defender sus intereses. Pasó de representar a los ciudadanos a representarse a si misma. Sus políticos: una nube de corifeos rodeando a su jefe de filas con la mirada puesta en éste, en absoluto en sus representados. No ha sido propósito de la política servir a la ciudadanía sino perpetuarse en el poder a cualquier precio, deformando la realidad de los hechos todos y arrimando de continuo ascuas a su sardina. En su deseo de controlar por completo el aparato del Estado no han dudado en infiltrarse hasta las capas más profundas de la Administración marginando al probo y docto funcionario que, este sí, sabe de que habla y no tiene la lengua atada por compromisos derivados de tal condición. Es verdad, no obstante, que hasta en la función pública se hallan individuos siempre dispuestos, a cambio de los favores recibidos, a ser la voz de su amo. Un hecho este que envilece aún más al que, corrupto, corrompe.

Rendir cuentas a los ciudadanos será siempre obligación inevitable del político y faltar a la verdad, ya sea mutilándola o negándola, es algo absolutamente contrario a tal obligación. Estoy absolutamente seguro de que todo cuanto dicen , todo y todos, en absoluto es cierto. Influidos por el make-up vigente, ellos también lo maquillan todo y así es imposible avanzar. Si los problemas no son planteados de forma correcta, la solución será imposible.

Acabo de leer un detallado informe de M. Llamas titulado: Las diez vergüenzas de Grecia que nunca le contarán Syriza ni Podemos. Les invito a leerlo y podrán apreciar hasta donde son capaces aquí y allí estos politicastros que hoy nos toca sufrir.

Quiero hablarles también de cómo se oculta la realidad del paro en España. A que tretas se recurre con el único fin de presentar, para su exclusivo beneficio, la realidad laboral del país.

Al igual que sucedía con el PIB al que se quiere presentar como una perfecta fotografía de la situación económica, con la disminución del número de parados registrados se pretende confundir a la opinión pública al hacerla creer que equivale al número de personas que han abandonado la situación de desempleo para ocupar un puesto de trabajo, pero no es así, razones ajenas a las estrictamente laborales pueden explicar la disminución del numero de parados registrados: apuntarse a cursillos, dejar de sellar la cartilla de paro, pasar a la jubilación, abandonar el país, etc.

De hecho la unión europea no acepta estos datos y sí, los aportados por la EPA. EPA que ha mostrado como, en el cuarto trimestre del año pasado, el paro ha aumentado en 31.000 personas y de seguir así en  el 2015 se habrán destruido 120.000 empleos más. Es cierto, según informan, que el año pasado se crearon  433.000 puestos laborales, cifra que, a bombo y platillo, se presenta como merito propio, pero no es menos cierto que la destrucción de empleo prosiguió y veremos si el balance real es positivo o negativo. No obstante, llama la atención que sea meritorio el aumento de los puestos laborales, con independencia de su calidad, y no sea considerado demérito la destrucción de puestos de trabajo. ¿Por qué? Algo parecido al caso del Bosque: el campeonato del mundo fue su mérito y se le hizo marqués, pero el fracaso en el último, no fue su demerito. Así pensó cuando ni dimitió ni devolvió el titulo. Curiosa manera de razonar, desde luego.

Para terminar: no echo en cara al gobierno que no acierte a enderezar la nave de la economía, que anda escorada, porque no creo que un gobierno pueda hacer algo al respecto salvo no empeorar las cosas. Le reprocho que no sea franco respecto de la situación socioeconómica y, sobre todo, que con su actitud haga suponer que son los gobiernos los encargados de organizar la vida económica de sus países. No creo que esto sea de su competencia, lo es de la sociedad civil ahora tan anquilosada, aunque si pueden y deben no poner palos en las ruedas de la misma incrementando la renta disponible y favoreciendo la investigación que haga posible la facturación de bienes de alta tecnología. Para ello es imprescindible reducir el tamaño del Estado que deberá cuestionarse como menguar el oneroso entramado administrativo y político que ha terminado siendo un lastre que impide el despegue económico al desviar fondos de los contribuyentes hacia tareas en absoluto productivas e impedir consiguientemente consumo, ahorro e investigación.

POLÍTICA DE MEDIOS

José Francisco Luz Gómez de Travecedo.

Propugnamos una política de medios, no de fines y aún estos  deberán ser políticamente correctos, es decir consensuados. Solo así serán aceptables los fines políticos conseguidos. Negarse a esto es como aceptar una política tutelar que determina qué problemas nos afectan y cuál es su solución. Una política que invade nuestra vida íntima y nos dicta hasta el pensamiento. Una política entrometida  de hechos consumados terroríficamente descrita por Aldous Huxley en su Un Mundo Feliz.

No queremos una vida resuelta sino una vida en justicia donde cada uno se mueva según sus apetencias  sin mas cortapisas que el respeto a la ley, que será siempre expresión del interés general o no será.

No queremos soluciones a nuestros problemas sino medios para solucionarlos. Sencillamente, porque son nuestros problemas: los que genera nuestra autonomía, nuestra apetencia de realización personal. Cuando el Estado se confunde y lejos de fomentar la iniciativa social proporciona interesadas recetas de buen vivir, promueve el bien, se hace benefactor, mal. La corrupción esta a la vuelta de la esquina. Es más, la misma pretensión de proporcionar solución a los problemas del hombre es ya una degeneración, una corrupción, porque no es papel del Estado resolver los problemas de los ciudadanos sino proporcionarles los medios para que estos lo hagan. Por supuesto, mantened a la población sana, educada y defendida entra dentro de sus deberes, pero sanidad, educación y justicia no son fines, son medios para que el individuo, el ciudadano pueda, de modo discrecional, buscar su excelencia.

El Estado de fines no solo falta a su cometido, también engaña porque para ser benefactor se precisa una ética. ¿Qué ética? ¿Acaso la ética utilitaria de Bentham? ¿Aquella que considera bueno lo que provoca placer y evita el dolor; es decir, todo aquello que procura la felicidad?

No es aceptable tal supuesto por cuanto al Estado solo le compete preservar el interés del ciudadano; o sea, interés en que se respete el pacto social, el contrato social. Las mayorías solo cuentan a los solos efectos de aprobar las leyes y siempre salvaguardando los derechos humanos, líneas rojas que nunca pueden ser traspasadas. Pero, además, ¿quién es el Estado para definir la felicidad, quién?

La felicidad tiene que ver con la satisfacción de cada cual y esta depende de una perfecta adecuación de la conducta a los fines personales. En términos causales diríamos que la dicha emana de una total congruencia de la actividad toda del individuo con su causa final y digo: su, porque es propio de cada individuo decidir hacia donde ha de ir en su trayectoria vital. Es una decisión absolutamente discrecional que nadie puede tomar por otro salvo en un acto de fuerza absolutamente reprobable. Por poner un ejemplo: el Estado hace carreteras pero yo soy el que decide donde quiere ir.

Por todo lo dicho el Estado de bienestar no puede ser considerado un Estado que asegura la felicidad por derecho sino un Estado donde todos cuentan con la garantía de que podrán buscar libremente, sin más cortapisas que el respeto a los demás, su felicidad.

El Estado pues ni puede ni debe suplantar al ciudadano en esta vital labor; por eso cuando el político propone tal Estado engaña y no busca sino el bienestar del Estado. Es decir, el incremento progresivo de la carga estatal hasta extremos insostenibles.

Así las cosas, la tensión entre el Estado y el ciudadano será siempre una constante porque el Estado, sus políticos, no ceja en su empeño de avasallar y marginar no ya al ciudadano, a la sociedad civil a la que teme y desprecia. La Iglesia antaño fue prepotente y anatematizaba y mandaba a la hoguera. Hoy es una sombra de lo que fue. Controlen pues los políticos su tendencia a erigir un Estado hegemónico no sea que mañana rastreros supliquen el perdón. 

Por esta noción errada de lo que es el Estado y su papel, el caso de España es lamentable: además del aparato del Estado, 17 autonomías que en la práctica son 17 estaditos, 17 cortes, 17 cortijos, que han servido para multiplicar los gastos que los contribuyentes de a pie han de hacer con el resultado de menguar su renta disponible, de su progresivo empobrecimiento y de la rotura de la soberanía nacional que se halla fracturada desde el momento en que se transfirió a las comunidades la capacidad legislativa. Esto se llama disolución del Estado y, como mínimo, una tomadura de pelo si se nos hizo creer en el 78 que la Constitución que entonces se proponía aseguraba el orden en la casa de todos; porque ha resultado en la práctica un lamentable timo al convertir al Estado en una jaula de grillos; cada uno de ellos alzando la voz más que los demás y pretendiendo para su territorio más y más notoriedad a cualquier precio. Notoriedad que se traduce en más y más apetencia de dinero y en unas crecientes ínfulas expresadas por pomposas obras que para nada sirven y en unos onerosos organigramas que mueven a risa cuando no a ira difícilmente controlable.

Es ridículo que autonomías con una población inferior a la cualquier barriada de una gran ciudad se permitan contar con una ingente cantidad de cargos encarnados por políticos cuyas biografías profesionales mueven a risa y cuya única valía consiste en su permanente disposición a aceptar cualquier cargo con tal de seguir viviendo de rositas, agazapados en sus lujosos despachos y gozando de todo tipo de comodidades.

Ante sus recargados esquemas organizativos, ante su vana palabra, ante su escenario magnífico de moqueta y boiserie, podríamos tomar prestadas las palabras de los presentadores circenses y gritar a pleno pulmón: ¡Pasen y vean, señores, el inigualable mundo del circo que le sorprenderá con sus increíbles espectáculos nunca vistos; pasad y ved, niños, lo nunca imaginado! Yo les invito a abrir los organigramas de cualquiera de las autonomías autonómicas y se llevaran las manos a la cabeza; sobre todo si, como yo, conocen bien a alguno de los que ocupan tan distinguidos cargos siempre pertrechados, ¡como no!, de asesores, poltrona, secretaria, moqueta y coche oficial... ¡Y hasta guardaespaldas (sic)!

Esto ha aportado la maldita organización autonómica que con el pretexto de un mejor servicio al ciudadano ha provocado la disolución del Estado, la quiebra del cuerpo soberano, de la nación, la discriminación de los ciudadanos, su encasillamiento y todo ello a un costo inasumible. ¿De verdad es tan importante el Estado? Para ellos, sí; desde luego.

Para nosotros no; desde luego. Quien cree que el Estado puede resolver problemas anda engañado aunque si es cierto que contribuye a su solución, pero, ¡ay!, también a empeorarlos. Un hecho se neutraliza con el otro y queda el enorme gasto. ¿Para qué entonces?

Decía Thomas Jefferson, 4º presidente de los EEUU, lo siguiente: Un Estado que es lo suficientemente grande para darte lo que quieres es también lo suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes.  Por la vía de los impuestos, añado.