HARTAZGO

Jose Francisco Luz Gómez de Travecedo.

Es demasiado. La omnipresencia de la política y los políticos resulta ya insoportable. Están en todo y todo lo perturban. Llevados del paternalismo, convencidos de que resultan imprescindibles, terminan siendo una losa que impide cualquier iniciativa de la sociedad civil, de los ciudadanos.

Los padres que protegen en exceso a los hijos acaban por convertirlos en sujetos dependientes, incapaces de tomar decisiones por si mismos. Sustituyan a padres por políticos y a hijos por ciudadanos y comprenderán a donde conducen estas actitudes: a un tipo de ciudadano indolente y sin opinión  que todo lo espera del Estado porque así se ha querido.

Una suerte de ciudadano comodón, idóneo para el político, que a todo dice amén y al que es fácil convencer con cualquier milonga. La milonga, por caso, de que el reino de los cielos es terrenal y solo basta con realizar las debidas reformas, entiéndase reparto, para que de nuevo el mana, esta vez brotando de la tierra, llene nuestras bocas. ¡Qué va!

La verdad es que su cometido es limitado puesto que son meros mandatarios; es decir, encargados por el pueblo soberano de la consecución del interés general. Pero no. Ellos han mal interpretado las cosas y se tildan de señorías y pisan moqueta y usan coches oficiales en un estúpido, por vano y anacrónico,  remedo de las cortes antañonas. Mientras... Mientras el tercer estado de último nivel, les sans culottes, le sonríe bobalicón a la espera de algún doblón que ruede desde sus repletas faltriqueras.

Causa sonrojo ver como se adornan. Con que fatuidad se atribuyen cargos y más cargos de más que pomposa denominación. Los onerosos organigramas hoy del más modesto de los ayuntamientos mueven a risa cuando no, a indignación. ¡Rediós!

Cuánto gasto inútil, cuánta verborrea vacua, cuánta costosa ceremonia donde figuran solo a título de comparsas de una representación que hoy como ayer solo sirve para embaucar a un pueblo desbravado que, a pesar de los pesares, pesca siempre, erre que erre, en los mismos caladeros.

¿Creen que con semejante costra política y tal pueblo dócil que viene suspendiendo el juicio desde hace decenios, que se deja pastorear y llevar de aquí para allí, que permite ser sustituido por una casta política que le dice donde debe vivaquear y que artículo constitucional debe ser reformado, incluso que título de la Constitución debe ser alterado, en un indecente alarde de usurpación de la personalidad, se puede llegar muy lejos?

¿Creen razonable que se haga creer a los ciudadanos que son pueblo, nación (artículos 1 y 2 del Título Preliminar de la vigente Constitución española), para, acto seguido, disgregarlos, descoyuntarlos, reagruparlos, encasillarlos, enchiquerarlos, dislocarlos, en 17 estatutos autonómicos con capacidad legislativa que han terminado impidiendo que tal pueblo hable con una sola voz en la lengua de todos, la lengua del Estado?

¿Creen razonable que políticos del Estado estén, por razones que solo a las castas burguesas afectan, en la tarea de corromperlo, de ir a un Estado de ficción que permita el ser y no ser autonómico: ser Estado en casa y no serlo fuera; es decir, en casa hago cuanto me plazca y no pago factura alguna porque en el exterior sigo siendo integrante del Estado?

¿Creen que puede admitirse, salvo que se haya perdido el juicio, que la disgregación del Estado conviene a todos, como dicen; que ese Estado falsificado que es el Estado autonómico beneficia por igual al pueblo soberano? ¿Beneficia, por ejemplo, a todos aquellos ciudadanos que buscan un puesto en la función pública cuando los baremos excluyen de facto al extraño a la comunidad autónoma? Es público y notorio que el cuerpo de maestros nacionales ha pasado a la historia. Antes fue posible concurrir a la adjudicación de plazas en todo el territorio nacional, ahora solo a las autonómicas que, por ser escasas y sometidas a baremos que benefician al propio, hacen casi imposible el logro de una plaza para los ajenos. ¿Es esto beneficiar al pueblo o tomar el pelo? ¿Es beneficiar al pueblo la creación de las cortes autonómicas con un incremento colosal de los gastos públicos en detrimento de la acción social y otras? ¿Es de interés popular que según sea tu lugar de residencia recibas un trato sanitario u otro; o sea, la discriminación por sistema?

¿Tiene sentido, porque así lo quiere la gloria autonómica, que debamos costear hasta 57 universidades públicas que solo generan frustración?

¿No son capaces de entender sus señorías (!) que para que la administración sea eficiente e igual para todos basta con acercar la ventanilla al ciudadano, máxime cuando hoy la ventanilla es electrónica?

Cuando estamos en la ilusión colectiva por hacer Europa, por ampliar nuestro espacio vital, por tender las manos, por encima de los absurdos límites, por despojarnos de ya caducas condiciones políticas que antaño nos sirvieron, cuando en eso estamos: ¿qué es esta disgregadora pretensión que obra contra el pueblo sino odiosa marcha atrás?...

¿Llegan a entrever siquiera que el Estado de derecho exige la independencia real del poder judicial? ¿Consideran que el poder legislativo debe, asimismo, ser independiente del poder ejecutivo? ¿O, por el contrario, consideran que en el Estado español la separación de poderes es magnífica y asegura una perfecta salud política?

Acaso no estén para estas cosas, como diría Rajoy. Tampoco, quizá, para preguntarse como en una democracia representativa todos los escaños parlamentarios tienen una posadera asignada, aún aquellos que corresponden a esa proporción del electorado que no quiso votar por no sentirse representada. Tampoco, por lo que vemos, para considerar la legitimidad de una representación que, de hecho, no es sino una usurpación de soberanía que por definición es inalienable. Lo dice de manera rotunda Rousseau: “La soberanía no puede estar representada, por la misma razón que no puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad general no es representable: es ella misma, o es otra; no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus representantes: no son sino comisarios; no pueden acordar nada definitivamente .Toda ley no ratificada en persona por el pueblo es nula; no es una ley.”

No quieren entender, pues, que solo terminan representando a su partido y más exactamente a su secretario general, solo. No piensan en absoluto, ¡para qué?, en lo absurdo que resulta ser comisarios de una provincia y acatar la disciplina de partido, sea o no conforme a los intereses de sus clientes.

¿Qué patraña es esta que nosotros, la izquierda genuina, llevamos tal mal?

No han comprendido, ni lo aceptarían, que su papel es limitado, que se reduce a escuchar a S. M. el Pueblo Soberano que, a través de las organizaciones civiles, les hará llegar su encargo. Pero no. Adoptando una actitud en absoluto democrática son ellos los que, en un ejercicio de prepotencia sectaria, imponen su credo  a los ciudadanos y, por ejemplo, dicen, el título VIII de la Constitución es papel mojado (!).

Olvidan que solo los cambios constitucionales que prevengan de la revolución, enemiga siempre de las sociedades basadas en la soberanía popular, son admisibles tras constatar que el peligro existe de modo evidente y luego de consultar al soberano, al pueblo.

Son ellos los que, deseosos de hacer de su capa un sayo, en aras de su comodidad, imponen su ley a la ciudadanía olvidando que la ley que no obedece al interés general y respeta los derechos humanos es ley sectaria, imposición de un colectivo a la mayoría. Algo inadmisible.

Son ellos los que disponen del espacio y del dinero públicos, que no son de nadie en extravagante expresión de una ministra de cultura, Dña. Carmen, Calvo Poyato. 

Son ellos los que han sido debidamente descritos por Rousseau en el capítulo XV del Contrato Social: De los diputados o representantes.

Creen que son imprescindibles y orgullosos lucen su bienestar y vana verborrea. Pavos reales se ocultan tras su fatua perorata y son incapaces de decir algo medianamente interesante: su locución es aburrida y anacrónica, pero terminada esta tienen donde bien cenar y bien alojarse, transportados en flamantes y blindados autos oficiales (en el 2012, 22.500, además de los vehículos al servicio de las empresas de titularidad pública, que suponían un costo de alrededor de 1000 millones de €/año) y protegidos por lo que eufemísticamente denominan escoltas (Según noticia de mayo del 2014, unos 3000 procedentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado y otros 1500 procedentes de compañías privadas. Costo: unos 1500 millones de €/año). ¡Qué desfachatez!

Claro que si consideramos que para ser político solo se precisa ser español y tener el certificados de estudios primarios...

Pero yo les digo: ¡a otro perro con esos huesos!